La propuesta legislativa de introducir como requisito para todo establecimiento que obtenga subvención estatal una cuota de 15% de alumnos considerados “vulnerables” fue respaldada por el Tribunal Constitucional en el sentido que no pone en peligro la libertad de enseñanza en Chile, como los detractores de la UDI reclamaban. Pero no contentos con ello, ahora dicen que la norma es inconveniente, critican su carácter obligatorio, que reduce la autonomía de gestión de las escuelas y de elección de las familias no beneficiadas.
Si bien en Chile el sistema escolar se basa en la libertad de enseñanza de las escuelas y en la libertad de elección de las familias, en la práctica la libertad con que cuentan las escuelas limita la libertad de elección de muchas familias. Primero, por que las escuelas pueden cobrar a las familias sin por ello dejar de recibir la subvención estatal, con lo que se introducen barreras económicas para el ingreso de alumnos a escuelas financiadas con recursos públicos. Segundo, las escuelas –amparándose en las definiciones de su proyecto educativo- pueden negar la matrícula a cualquier niño e incluso expulsarle una vez admitido. De esta forma las escuelas pueden seleccionar a los alumnos con mayor potencial académico y, en cambio, discriminar a los niños que presentan mayores dificultades ya sea de aprendizaje o de socialización.
En consecuencia, la libertad de elección de los padres en el sistema público de educación está condicionada por su capacidad de pago y por la arbitrariedad de las escuelas de aceptar y mantener a su hijo. La introducción de una cuota obligatoria de alumnos vulnerables en todas las escuelas con financiamiento público aumenta la libertad de elección de los más pobres y por esa vía expande sus oportunidades educativas, en la medida que ellos pueden ahora acceder a escuelas que antes les estaban vedadas. La hipótesis educativa que está en la base de la integración social en la escuela es que ésta incrementa el capital social del conjunto del sistema (especialmente de las mayorías) y lo distribuye más equitativamente. Siendo éste un factor relevante para producir mejores oportunidades de aprendizaje, se espera que la educación en general mejore. Adicionalmente, al limitar la creación de escuelas ghettos, las medidas de integración mejorarían significativamente la calidad de la educación de los estudiantes actualmente más segregados. Finalmente, los estudiantes más pobres que tendrán acceso a mejores escuelas mejorarían sus resultados de aprendizaje, tanto por la mejor calidad del servicio como por el efecto beneficioso de estudiar en una comunidad de estudiantes con mayor capital cultural.
Es cierto que hemos construido escuelas de tal calidad que hasta nuestros adversarios políticos escriben sobre ello, pero no es suficiente para mejorar la calidad de la educación, como tampoco lo es sólo con mejoras aisladas que se pueden lograr con el esfuerzo de gestión de los directivos escolares, con el mejoramiento de la enseñanza por parte de los profesores o con el mayor compromiso de los padres. La responsabilidad de un gobierno con sensibilidad social es generar las condiciones institucionales para que sean las mayorías las beneficiadas y especialmente los más desposeídos.