Efectivamente, esto es lo que la Presidenta parece querer recordarnos cuando en aras de lograr “el máximo de calidad para los que no pueden elegir”, dice estar disponible para reducir su propuesta de acotar la selección a un cambio de estructura de nuestro sistema escolar. Esto plantea un doble desafío, primero para el propio gobierno, quien debe esforzarse por definir una estrategia de argumentación empírica y valórica tendiente a ofrecer a los ciudadanos las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, argumentar y explicar, pero también, replicar a la derecha en sus argumentos de convertir la selección en el principal camino a la excelencia académica. Si se comunican oportuna y persuasivamente las razones de las decisiones que se toman, los acuerdos que se alcancen no serán vistos como arreglos de intereses que sólo satisfacen las metas políticas y las demandas sectoriales. Pero también es un desafío para la oposición, ésta tiene que entender que lo que se le pide al gobierno también le es exigible; es decir; también debe ser transparente a la hora de plantear sus posiciones especialmente cuando estas constituyen verdaderos vetos a la mayoría política expresada en el Congreso Nacional. La Presidenta es realista, está consciente de que su gobierno tiene límites legales, políticos e informativos, y que la oposición condiciona sus actos de gobierno, que por lo demás, es propio de los regímenes democráticos.
Tenemos que aprovechar este momento, es la oportunidad para consolidar el núcleo de lo que hemos venido construyendo en la última década en materia educacional y ser capaces de valorar tanto aquello que ha significado un aporte a la construcción de un país más tolerante y democrático, como lo que ha sido un aporte al crecimiento económico de este tiempo. Hacer esta distinción otorgará estabilidad a las políticas educativas que han permitido al país avanzar. Luego abordaremos aquellos aspectos periféricos, aquellos programas que necesariamente deben acomodarse a las condiciones económicas, sociales y políticas siempre cambiantes. Así como el país tiene derecho a la estabilidad, los gobiernos tienen el derecho a poder hacer los cambios que requieran para la implementación de las políticas que ofertaron y por las cuales la ciudadanía los votó. Cuando no se entiende lo anterior, lo que predomina en la discusión pública son las teorías tipo “desalojo” que están en la raíz de los cambios traumáticos de los cuales la experiencia política de nuestro país y de nuestra región bien saben. Si somos capaces de identificar y afirmar un consenso sobre los aspectos básicos de nuestro sistema escolar, bien podremos hacer los cambios necesarios para perfeccionarlo.
En este sentido, en el ámbito de la institucionalidad necesaria para aspirar a una educación de calidad para todos, me atrevo a proponer el perfeccionamiento de la descentralización iniciada en la década de los ochenta y otorgar la autonomía a los gobiernos locales en materias de gestión escolar, garantizando su financiamiento y generando mecanismos de apoyo para el equipamiento técnico de los municipios. Estos necesitan mayores atribuciones administrativas, tanto en los ámbitos de los recursos financieros como del personal, para que puedan asumir la responsabilidad que se les atribuye por los resultados de los
aprendizajes de los estudiantes de los colegios que administran; así como también, responsabilizarlos de la supervisión técnico pedagógico de los mismos. Todos los sistemas escolares exitosos tienen un mando único, esa es la forma que permite generar un ambiente de mayor responsabilización y de una exigencia ciudadana permanente por la calidad. Mantener la situación actual sólo genera confusión en los directivos escolares y una ambigüedad que termina paralizando las innovaciones y la creatividad. Los municipios, como todo empleador, necesitan evaluar a sus docentes y actuar en consecuencia. ¿Cómo pueden comprender los padres que los profesores de sus hijos en los colegios municipales son evaluados por consultores externos que le han visto una vez cada cinco años como trabajan? Sólo con más autonomía se puede tener más responsabilidad. Pero también, el Ministerio de Educación que necesitamos para el siglo XXI no es aquel que llevó la cultura y los valores nacionales a cada rincón del país en el siglo XIX; son las familias y los propios estudiantes los depositarios del control efectivo de la calidad de la educación que imparten los establecimientos escolares, para lo cual sólo requieren información adecuada sobre el desempeño de los directivos, de los docentes de sus hijos y de los administradores locales para tomar las decisiones efectivas. Necesitamos un Estado orientador, evaluador y compensador, no un aparato atropellador, con discursos difusos y funcionarios sin convicción, que se evalúa asimismo y que es incapaz de generar el conocimiento para ofrecer los apoyos adecuados. Requerimos una institucionalidad que promueva y genere ambientes de cooperación y confianza entre los actores y no exacerbe la competencia y provoque el aislamiento con políticas fundadas en la diferenciación como valor de mercado –amparadas en la libertad de enseñanza-, sino una que sea consciente de la necesidad de la colaboración, que premie y promueva la asociación en torno a los propósitos deseables de la comunidad escolar, que fortalezca la capacidad de autogestión y mejoramiento permanente de las practicas administrativas y pedagógicas en nuestras escuelas, y que por sobre todo, invite a los ciudadanos a respetar y valorar a nuestros profesores, base fundamental de la formación valórica de nuestros estudiantes de hoy, trabajadores y ciudadanos de mañana.http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20070905/pags/20070905194651.html