El Estado nunca pretendió descentralizar el sistema educacional chileno, conservó para si las principales tareas normativas, de financiamiento y evaluación, manteniendo así intactas las decisiones fundamentales de la política educativa, e incluso, en algunos casos, estas fueron reforzadas con nuevos instrumentos de gestión y programas educativos, a favor del nivel central. Esto ha planteado los últimos años la enorme dificultad de terminar la inconclusa descentralización educativa, a propósito de la búsqueda de soluciones que cada municipio ha incursionado con mayor o menor determinación para fortalecer su propia autonomía de gobierno local.
La desconcentración desintegró el sistema de administración nacional, lo cual puede estar en concordancia con los principios de gestión modernos y efectivos, pero de paso también desarticuló un sistema que si bien funcionaba mal, otorgaba un ingrediente fundamental a todo sistema educativo eficiente, cual es, la integración. Esta no es propiedad de los sistemas únicos, es característica de los sistemas eficientes, de los que logran los resultados que se proponen, especialmente en materia de aprendizaje de sus estudiantes. Nuestra descentralización no tuvo como objetivo la construcción de un modelo de gestión educativa distinto, más bien el nivel central –llámese Ministerio de Educación-, continuó y ha reforzado sus prerrogativas para mantener el control de lo que se enseña y cómo se enseña en las escuelas de todo el país. Posee un sistema basado en la desconfianza, en la vigilancia que se inicia con la autorización y aprobación de escuelas y programas, de personal que no le pertenece y de textos únicos, hasta el control diario de quienes asisten a trabajar y estudiar, saltándose todas las instituciones intermedias de la comunidad en su derecho de configurar y procesar sus propias demandas. Pero el gran error no está en aquello -el afán de saber todo lo que ocurre en las aulas-, sino en que en nuestro país dos niños del mismo grado escolar, que viven en un mismo barrio al ir a escuelas que indistintamente pueden pagar sus padres, se desconocen y se desconocerán siempre. Habrán pasado una vida juntos sin convivir.
Tenemos que construir un nuevo andamiaje institucional que otorgue sustento a una estructura educativa distinta, centrada en la comuna o agrupaciones de éstas, que propicie no sólo una administración distinta de los recursos, sino que vacié de contenido la visión centralista de la administración pública y devuelva a la comunidad, cuando menos no como instancias autónomas, depositarias originarias de diversas facultades, entre ellas la educativa.
Los problemas de hoy derivan de la homologación de las condiciones laborales para unos y de la libertad de contratación para otros, de los obstáculos para la integración de los niveles de administración (locales y provinciales, municipales y privados), de la falta de recursos financieros, y de intereses políticos y económicos que permean el no sistema existente. La descentralización efectiva provocaría mejores condiciones para la innovación educativa y la descentralización pedagógica hoy inexistente. A los temores de la fragmentación, se enfrenta la atomización socialmente discriminadora y segregadora en nuestro país. De lo que se trata, es de aprovechar la diversidad y riqueza de experiencias que la descentralización trae consigo para mejorar el desempeño de la gestión educativa, no sólo de asegurar un lugar en la escuela para nuestros niños y jóvenes, sino que terminar sus estudios habiendo aprendido lo que la sociedad requiere de sus ciudadanos.