El debate educacional vive un mal momento: mientras las reformas legales se empantanan, los colegios siguen acumulando problemas.
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER
El debate educacional se mueve incómodamente entre dos polos que tienden a separarse cada vez más, generando una brecha política y práctica de negativos efectos.Por un lado, las escuelas viven su cotidianidad con las dificultades habituales: una subvención que no alcanza para ofrecer una enseñanza de calidad; directores sin atribuciones suficientes para dirigir sus establecimientos; profesores mal preparados y con escasas satisfacciones; alumnos que aprenden poco.Ahora se agregan, además, nuevas dificultades: crisis de infraestructura de varios liceos a lo largo del territorio nacional; violencia intraescolar; problemas logísticos en la distribución de los textos escolares; situaciones de indisciplina que ponen al descubierto fallas en el ejercicio de los roles de autoridad.Por otro lado, a kilómetros de distancia de esas dificultades diarias, el Parlamento discute lata y lentamente un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno: una reforma constitucional que garantiza el derecho a una educación de calidad (hace rato detenida, ya casi olvidada); un proyecto de Ley General de Educación (nuevamente postergado en el Senado); el proyecto que crea una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación (que ni siquiera empieza a discutirse).Próximamente el Gobierno presentará, adicionalmente, un proyecto que modifica (en qué dirección no se sabe) la administración de los colegios municipales con el objetivo, se dice, de reforzar la educación gestionada por el sector público.Entre ambos polos no parece existir conexión ni comunicación alguna; se sitúan en mundos separados, puestos de espalda uno frente al otro. En una esfera gira el mundo de los practicantes, las comunidades escolares; en la otra, el mundo de los gobernantes, los parlamentarios, los partidos y los expertos.Es la antigua y conocida bifurcación chilena entre las formas legales que prometen cambiar la realidad cotidiana y los problemas comunes del día a día que se resisten y escapan a la racionalidad legal con la cual se procura solucionarlos.Al medio se crea un vacío donde se instala la confusión y la acción se vuelve intermitente y errática. El vacío en tanto se llena de ruidos: presiones corporativas, demandas de diversos actores, propuestas inorgánicas, situaciones de crisis.En estas condiciones, el Gobierno aparece inevitablemente conducido por las circunstancias, se ve obligado a reaccionar sobre la marcha y pierde claridad de conducción. Su agenda se desordena y su comunicación pública se disipa, creándose la sensación de una ausencia de prioridades claras.Por su parte, las comunidades escolares perciben que sus autoridades políticas (municipales, provinciales, regionales y nacionales) se hallan enclaustradas en un mundo ajeno a los problemas que ellas deben enfrentar cada día y pierden confianza en el apoyo que éstas pudieran prestarles para avanzar en su solución.Mientras persista esta separación entre un mundo de iniciativas legales que no prosperan y el mundo cotidiano de las escuelas enfrentadas a problemas sin solución, el ciclo de la política educacional continuará a la baja, por mucho que repitamos que allí reside el futuro de la nación.”Las comunidades escolares perciben que sus autoridades políticas se hallan enclaustradas en un mundo ajeno a los problemas que ellas deben enfrentar cada día.”