Cada cierto tiempo el debate educativo recobra fuerza, este parece ser uno de aquellos. Sin embargo, llama la atención la permanente carencia de voluntad para abordar los temas fundamentales que aquejan al sector y son en su mayoría de las veces, las causantes de los males principales y que a su vez, impiden mejorar la calidad de la educación de la gran mayoría de estudiantes del país. El primero, es la inexplicable postergación de la educación pública: aunque el fracaso de la municipalización en general y su crisis son ya evidentes, a pesar de ciertas experiencias exitosas, existe un rechazo generalizado a la gestión educativa en manos de los municipios del país, a lo menos en la forma como se ha llevado hasta el momento. Se han realizado propuestas de modificación del sistema de administración hasta de reemplazo del mismo, sin embargo, una y otra vez no se aborda con la debida profundidad ni determinación para realizar cambios de fondo y no medidas superficiales como ha venido ocurriendo.
El segundo caso, es el de los profesores: es sabido que el estatus de la docencia en Chile es bajo para competir con las demás profesiones, pero no ha habido un abordaje integral para hacer atractiva la carrera docente; más aún, la desregulada explosión de la matrícula de las carreras de pedagogía en la última década se ha hecho sin respetar criterios mínimos de calidad, lo que no augura un buen futuro. Esta realidad empantana todo esfuerzo por mejorar la enseñanza con los actuales docentes que perdurarán por décadas en el sistema educacional con una formación carente de la solidez disciplinaria y pedagógica que han recibido en programas de formación deficitarios. La muestra más evidente no son solo los resultados en los aprendizajes de sus alumnos, sino que está en los resultados de la evaluación de desempeño a la que anualmente son sometidos.
Y el tercero, es el de las escuelas privadas subvencionadas: el desarrollo de este sector no ha seguido ningún criterio estratégico para el mejoramiento del sistema, sino que ha respondido a los intereses de los sostenedores privados, derivando en situaciones de sobreoferta, aumentando la segregación de los alumnos y afectando negativamente a los establecimientos municipales. En efecto, ellos operan en un cuasi mercado con mínimas reglas que les otorgan una posición ventajosa frente a los establecimientos municipales, desde la selección de las familias y sus hijos, la flexibilidad laboral, el acceso a recursos financieros y la escaza fiscalización pública sobre los recursos que reciben, constituyen para ellos una situación de privilegio que ha devenido en desmedro para la educación pública, para los docentes y para la calidad de la educación de nuestros estudiantes.
Los países desarrollados, aquellos exitosos, con los cuales nos gusta compararnos, tienen normas exigentes, estándares elevados, para la gestión de las escuelas, para la formación docente y para la instalación de nuevos establecimientos, sean estos públicos o privados. Ya es tiempo de tomar decisiones sobre estos temas relevantes para el futuro de nuestra educación y del país, mantener su discusión en la prensa y en los discursos de campaña para luego no hacer nada, no le hace bien a nuestro porvenir.