Se encuentra en discusión en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea “El sistema de educación pública y modifica otros cuerpos legales”. Me preocupa la creación de la Dirección de Educación Pública, me parece una entidad innecesaria, porque además de crear nuevas dependencias a la ya saturada burocracia del sector, en nada aportará a la definición y claridad de responsabilidades de los actores sobre la calidad de los procesos ni sobre los resultados de nuestro sistema educacional, una de las grandes debilidades del actual, sino que más bien, aporta a una mayor confusión. En efecto, ya las responsabilidades asignadas unas las cumplen las entidades descentralizadas del Ministerio de Educación y otras bien pueden asumirlas en las nuevas condiciones, con lo cual se garantiza una mayor vinculación territorial y desecha el paralelismo y saturación administrativa. Así, el estado central puede fijar sus esfuerzos en asegurar una formación docente de calidad tomando el control de ello en las universidades; en ofrecer programas exigentes de pasantías profesionales al exterior para docentes y directivos e invitar a extranjeros destacados a las distintas facultades y ciudades del país; en mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones; y, en generar oportunidades para la innovación e investigación educacional en todos los niveles del sistema educacional, favoreciendo la cooperación y no la competencia.
Creo firmemente que retrotraer la educación pública a un escenario de centralización y estatización contradice toda evidencia respecto de la eficiencia y de la calidad de la educación que generan los diversos sistemas educativos en el mundo. Permanentemente destacamos como ejemplos a seguir países como Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Canadá, Australia y otros, sin hacer notar que estos son de los más descentralizados. Parece una contradicción que se pretenda centralizar la administración educacional de los establecimientos municipales del país cuando hoy es más evidente que antes la demanda por una mayor descentralización y de consideración por la diversidad de las comunidades. ¿Cómo puede un sistema centralizado garantizar mayores niveles de participación e inclusión social si las decisiones relevantes se tomarán en esferas desconocidas a los ciudadanos? Es sabida la crítica a los sistemas centralizados respecto del alejamiento de la sensibilidad que requiere la incorporación ya no solo al currículo escolar de los temas sentidos en las comunidades como también de las particularidades culturales que otorgan pertinencia y sentido a la acción educativa en los establecimientos a profesores y a estudiantes, sino también, de la oportunidad en que se toman las decisiones más urgentes para superar las dificultades de gestión en los mismos. ¿Por qué Chile necesita una “dirección nacional” si lo que queremos es mejorar los aprendizajes en la escuela, lugar donde lo gravitante son la calidad de los docentes y de los directivos? En los hechos, esta “dirección” actuará como una jefatura sobre los servicios locales, desviando el esfuerzo y las capacidades que deben estar dirigidas hacia las escuelas y no hacia las jefaturas y asesores santiaguinas que pretenden coordinar, orientar, proponer, recomendar, etc., lo que los servicios deben hacer como parte de sus responsabilidades y cuyo director ejecutivo estará más ocupado en servir a su director nacional que a sus propios consejos locales y comunidades escolares. No parece ser el tono de lo que el país necesita. No es la estrategia centralista garantía de que los resultados educativos que esperamos se logren y sean equitativos, más bien, su aporte decisivo está en la formación de profesores y directores, en la selección de contenidos del currículo escolar, en las evaluaciones nacionales, y en el rol de la burocracia, pues ellos ofrecen garantías de unidad, cierta eficacia y control al sistema de enseñanza nacional que se pretende.
Tenemos un sistema imperfecto, pero el camino no puede ser volver a esquemas conocidos y de dudosa eficacia en el pasado y en otras latitudes. La solución no es uniformar, sino fortalecer la descentralización, corrigiendo los errores de la experiencia actual, incorporando capacidades inexistentes hoy en las nuevas agrupaciones administrativas, pero fortaleciendo sus competencias de administración y técnico pedagógicas, de modo que tengan una verdadera tuición sobre los procesos relevantes de la gestión escolar. Solo de ese modo podremos superar la confusión y disolución de responsabilidades actuales y saber a quién exigir mejores resultados en el futuro. Todo lo bueno que aportan los Servicios Locales, termina siendo anulado con la existencia de una Dirección de Educación Pública cuya mantención en el nuevo diseño propuesto es contrario a la descentralización y a la regionalización del país. El centralismo y el estatismo van de la mano y se han evidenciado como obstáculos al desarrollo y al progreso de las regiones y sus comunidades en nuestra historia y que bajo sutiles formas de justificación manifiestan la enorme desconfianza de las elites y de la burocracia centralistas en las personas, en sus comunidades y en las regiones de nuestro país.