En el marco de la discusión previa del proyecto de reforma que el gobierno se ha comprometido a enviar al Congreso Nacional, me preocupan algunos elementos que debiera contener la nueva estructura de gestión que adquirirá la educación pública, pues ellos constituirán parte de un nuevo diseño de nuestro sistema educacional para a lo menos, los próximos 30 a 50 años, por lo que debieran tomarse decisiones que a la vez de ser transformaciones profundas -pues nuestro sistema así lo requiere-, también deben contener una buena dosis de realismo y prudencia.
Creo firmemente que retrotraer la educación pública a un escenario de centralización y estatización contradice toda evidencia respecto de la eficiencia y de la calidad de la educación que generan los diversos sistemas educacionales en el mundo. Permanentemente destacamos como ejemplos a seguir países como Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Canadá, Australia y otros, sin hacer notar que estos son de los más descentralizados. Parece una contradicción que se pretenda centralizar la administración educacional de los establecimientos municipales del país cuando hoy es más evidente que antes la demanda por una mayor descentralización y de consideración por la diversidad de las comunidades. ¿Cómo puede un sistema centralizado garantizar mayores niveles de participación e inclusión social si las decisiones relevantes se tomarán en esferas desconocidas a los ciudadanos? Es sabida la crítica a los sistemas centralizados respecto del alejamiento de la sensibilidad que requiere la incorporación ya no solo al currículo escolar de los temas sentidos en las comunidades como también de las particularidades culturales que otorgan pertinencia y sentido a la acción educativa en los establecimientos a profesores y a estudiantes, sino también, de la oportunidad en que se toman las decisiones más urgentes para superar las dificultades de gestión diaria en los mismos. ¿Por qué Chile necesita un servicio nacional si lo que queremos es mejorar los aprendizajes en la escuela, lugar donde lo gravitante son la calidad de los docentes y de los directivos?, ¿Cómo puede otra oficina en Santiago pretender definir las actividades de extensión escolar o de apoyo a los estudiantes para lograr los aprendizajes que se espera de ellos o de capacitación y perfeccionamiento de los docentes de ciencias en una localidad del norte o sur de Chile? No parece ser el tono de lo que el país necesita.
Tenemos un sistema imperfecto, pero el camino no parece ser volver a esquemas conocidos y de dudosa eficacia en el pasado y en otras latitudes. Además, crear nuevas dependencias a la ya saturada burocracia del sector, en nada aportará a la definición y claridad de responsabilidades de los actores sobre la calidad de los procesos ni sobre los resultados de nuestro sistema educacional, una de las grandes debilidades del actual. En efecto, el carácter difuso en casi todos los ámbitos relevantes, facilita la impronta que cada municipio le otorga a sus escuelas y éste se encuentra fuertemente ligado a la personalidad del alcalde respectivo. La solución no es uniformar, es otorgar claridad a las responsabilidades; un camino efectivo –volviendo a la experiencia internacional- es desalcaldizar sin centralizar. O lo que es más claro aún: fortalecer la descentralización, corrigiendo los errores de la experiencia actual, incorporando capacidades inexistentes en muchos municipios o nuevas agrupaciones administrativas, pero fortaleciendo sus competencias en materias de administración y pedagógicas de modo que tengan verdadera tuición sobre los procesos relevantes de la gestión escolar. Solo de ese modo podremos superar la disolución de responsabilidades actuales y saber a quién exigir mejores resultados en el futuro.
El estado central bien puede fijar sus esfuerzos en asegurar una formación docente de calidad tomando el control de ello en las universidades; en ofrecer programas exigentes de pasantías profesionales al exterior para docentes y directivos e invitar a extranjeros destacados a las distintas localidades del país; en mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones a los profesionales del sistema; y, en generar oportunidades para la innovación e investigación educacional en todos los niveles del sistema educacional, favoreciendo la cooperación y no la competencia.
Si debemos cambiar lo existente, que no sea para que todo siga igual.