Hoy se cumple un año desde que Sebastián Piñera asumiera como Presidente de Chile. Y como fecha simbólica, no pude sustraerme a la tentación de realizar una apreciación evaluativa, a riesgo de no abarcar ni dejar conformes a todos. Existen dos dimensiones en las cuales quisiera concentrarme: la gestión y la visión.
La gestión, que constituyó el centro de la retórica de campaña y de los primeros días del gobierno y que se expresaba en la frase “la nueva forma de gobernar”, ha sido poco eficiente. Los mandos medios carentes de preparación y varios de ellos sin vocación pública. Deslegitimaron la Alta Dirección Pública, despidiendo por razones políticas a quienes habían sido elegidos por eso dicho mecanismo, creando un clima de desconfianza y temor entre los funcionarios públicos; prometieron llevar al gobierno “a los mejores” y terminaron con los mismos operadores que dijeron despreciar. Por otro lado, en varios casos la ineficiencia ha sido sorprendente: las decisiones sobre Magallanes son un ejemplo de desconocimiento de la realidad local y lejanía de las autoridades; la toma de un hotel en la Isla de Pascua por tiempo prolongado; la baja ejecución presupuestaria 2010; las inmensas colas que se armaron en el SERVIU por los subsidios; lel destiempo con que la JUNAEB licitó la alimentación escolar; el comportamiento de la Intendenta del Biobío, quien se jacta de engañar al gobierno central para obtener subsidios para quienes no correspondía, sin recibir sanción alguna, traspasando el límite de la ética en los asuntos públicos. El propio Presidente Piñera ha intentado exaltar su ejecutividad, agilidad, eficiencia y resolución, buscando un posicionamiento y asociación gerencial con su casaca roja.
La pretendida agilidad ha terminado siendo una forma de pasar por encima de las reglas prudentes del manejo público, como el caso de Barrancones. Pero también, las llamadas “grandes reformas estructurales” son una expresión grandilocuente para medidas de poca envergadura y bastante dispersas. La reforma de la educación se levantó como la mayor transformación desde la década de los ’60 y, al final se envió al Congreso una reforma laboral del sector docente y una inyección de recursos para paliar su déficit, sin abordar los temas medulares en juego. Las mejorías resultaron gracias a las presiones de la oposición: carrera docente, educación pública, educación preescolar y más financiamiento para las escuelas municipales.
La visión de futuro, un sueño de país, al no estar presente en el diseño de la administración de gobierno, nos hace pensar que de manera deliberada las fuerzas políticas que acompañan al Presidente postulan una no estrategia, donde los eventos definan el devenir de la administración y sólo la prédica insistente y aislada del primer mandatario parece recordar que toda sociedad necesita un liderazgo que señale rumbos. Pero en esto no hay voluntad de coalición para asumirla como un desafío, más bien, lo que predominan son las desconfianzas y luchas de poder que prometieron desterrar. A esta falta de visión de futuro, el gobierno ha estado marcado por los conflictos de intereses menos preciando el trasfondo ético que ello lleva implícito. Desde la lentitud en vender Lan Chile y luego sus resistencias a enajenar sus acciones de Chilevisión y Blanco&Negro y la irrupción del caso Bielsa en la opinión pública, no se explican sin ese conflicto de interés que desestiman permanentemente. El punto es que esa confusión entre intereses públicos y negocios privados parece no inquietar al gobierno. Esa confusión se extiende a diversos funcionarios, que vienen de directorios de empresas privadas y esperan volver a los mismos, lo que inevitablemente condiciona sus comportamientos y debilita la defensa de los intereses públicos y del Estado. Por cierto, también abre espacio para irregularidades: un ex-funcionario que aparentemente utiliza material de gobierno para su empresa de seguridad, una empresa comercial utilizada para la emergencia durante el terremoto que no paga derechos aduaneros e impuestos; el sobreprecio del puente mecano, funcionarios regionales que hacen obras con empresas de las cuales son socios, etc. Como guinda de la torta, el propio Piñera incrementa en 200 millones de dólares su patrimonio durante el primer año de su mandato presidencial. Si es legitimo realizar en paralelo negocios privados y gestión pública, si el presidente así lo estima, porque no lo puede hacer un ministro, un intendente o un gobernador?
La ausencia de una mirada profunda del país y de una visión histórica nos hace sentir como un país a la deriva, que funciona con piloto automático. Quienes votaron y son partidarios de este gobierno sufren la crisis de expectativas insatisfechas, esperaban más de un candidato y Presidente que prometió y promete el paraíso en la tierra, pero cuando mira a su alrededor, ve que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Como dije en mayo del año pasado, nada nuevo bajo el sol.