He dedicado los último tres artículos de este blog a alertar sobre la inconveniencia del artículo 46, letra g, que permite que cualquier profesional de una carrera de ocho semestres enseñe en enseñanza media una materia afín a su profesión. Finalmente el artículo fue aprobado con una pequeña modificación, que consiste en limitar a cinco años ese ejercicio profesional, ¡después de esos cinco años si quiere continuar enseñando debe prepararse pedagógicamente! Raro, ¿o no? ¿No sería más lógico que se preparara antes?Para cerrar este punto quisiera, una vez más, repetir los problemas que la nueva legislación puede acarrear.
En Chile existe carencia de profesores en algunas áreas: inglés, matemáticas, ciencias. En vez de proponer que en forma extraordinaria, dada esta carencia, se permita a otros profesionales suplir el déficit diseñando un dispositivo de apoyo pedagógico para que lo hagan bien, se corta por lo sano y se desregula TODA la docencia en la educación media.
Las consecuencias más graves de esta medida, claramente “desmedida”, son dos:
En primer lugar, nuestra legislación con enorme arrogancia está decretando que el saber pedagógico no existe. En otras palabras, que no tiene sentido preparar profesionales en un campo del actuar humano en el cual todos y todas pueden desenvolverse sin preparación alguna. Basta para enseñar poseer conocimientos en algún dominio específico: no hay diferencia entre saber inglés y saber enseñar inglés o saber matemática y saber ayudar a otros a aprender matemática.
En segundo lugar, es altamente probable que los profesionales que se van a interesar por hacer clases no van a ser solo ni principalmente los que dominan la lengua inglesa, las ciencias o las matemáticas, sino aquellos de profesiones con mayores dificultades de lograr empleo. También se podría suponer que quienes siguen una carrera y no logran trabajo en ella no suelen ser los profesionales más brillantes de sus promociones. Además – siguiendo con los peligros posibles de este nuevo mercado del empleo docente-, ¿quién puede asegurar que la medida no va a conducir a empresarios educacionales poco escrupulosos (podría haberlos), a buscar los profesionales que le resulten más baratos?