El próximo año nuevamente las municipalidades tendrán la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal. Se han contemplado 53.800 millones en el presupuesto de 2009. Lo ideal es que esto fuese permanente y parte de la claridad de las reglas para el sector, de manera que tengamos la certeza que se requiere para la planificación de largo plazo, lo cual permitiría colocar urgencia a las tareas fundamentales, abordar los problemas estructurales y presentar programas coherentes con los desafíos de un sistema que permanece en la incertidumbre.
Esta es una oportunidad para enfrentar los problemas permanentes que han tenido los municipios para configurar un sistema local con capacidades para gestionar uno de los servicios más relevantes para los vecinos y que cada vez visualizan más como su responsabilidad. Si los municipios son capaces de invertir dichos recursos en generar capacidades de gestión que puedan mantenerse en el tiempo, habrán dado un paso en la dirección correcta; sin embargo, si estos recursos son utilizados para enfrentar las demandas emergentes, por muy urgentes que estas sean, sin la perspectiva de configurar una modelo de gestión de calidad para la educación comunal, habrán desaprovechado la oportunidad.
En efecto, en primer lugar, estos recursos pueden convertirse en una oportunidad única como nunca la han tenido para transformar sus unidades administradoras en entidades profesionales altamente competentes, que a su vez, puedan convertirse en un factor clave para el mejoramiento de la gestión educativa municipal y, por extensión, de la calidad de la educación de la cual son responsables ante sus comunidades. En segundo lugar, es una oportunidad para liderar un proceso de construcción de un proyecto participativo con identidad y sentido local, promoviendo la autonomía de las escuelas y configurando una política compensatoria a la política nacional, que como tal es insuficiente a las demandas específicas de sus localidades. Ello sería un aporte pertinente a la equidad en el territorio y ante actores visibles para los tomadores de decisiones.
Para el gobierno central, más que una nueva oportunidad para fortalecer la burocracia, debería aprovecharla como un espacio para construir con los municipios un pacto en el cual se defina qué es lo que se espera de ellos en materia de resultados que contribuyan al sistema nacional y donde se transfiera gradualmente la responsabilidad técnico pedagógica, única manera para que los municipios se tomen en serio la gestión de sus escuelas y puedan responsabilizarse de los resultados que obtienen sus alumnos en las pruebas nacionales y sus profesores en las evaluaciones de desempeño. En este sentido, se visualiza la posibilidad de construir un marco institucional que permita distinguir a municipios que realizan una buena y una mala gestión en materia educativa.
Transferir la responsabilidad técnico pedagógica a los municipios los obliga a construir o fortalecer sus equipos profesionales, privilegiando los criterios técnicos para su configuración por sobre los que legítimamente se originan en la política local. Además, de esta manera, avanzamos en el término de la doble dependencia actual de las escuelas municipales, lo que no sólo constituye una anormalidad sistémica, sino una muestra de desconfianza del poder central en los mismos municipios y en los propios profesores, a quienes pretende hacer responsables de los resultados de la gestión escolar cuando estos le son adversos. Pero también, se fortalece el diseño descentralizado que ha quedado a medio camino desde la reforma de los ochenta y se logra definir un esquema de roles y responsabilidades que otorga claridad a lo que se espera de cada actor, desde el Alcalde y sus equipos, pasando por los directores y profesores, hasta los padres y apoderados.
La descentralización es un proceso cultural, y el sistema educativo con toma de decisiones en el ámbito local, permite pensar la educación en un marco de referencia más amplio, dónde la visión no sectorial constituye una necesidad para responder a las demandas del desarrollo a nivel de cada territorio. Es en este ámbito, donde se construye el “sentido” de la educación, dónde se fortalecen las prácticas de inclusión social, de convivencia democrática y dónde se incorporan las demandas de las comunidades y de los padres para la formación de las nuevas generaciones, primeros mandantes y decisores de lo que debe hacer la escuela en temas tan sensibles como la formación para el trabajo y la formación valórica de los futuros ciudadanos.
La responsabilidad del buen uso de estos recursos no sólo tiene que ver con la transparente y eficiente administración de los mismos, sino que además, constituye una oportunidad para los municipios y el gobierno central para que con seriedad, puedan sentarse a definir un marco de cooperación y trabajo conjunto, superando la confusión y la desconfianza que a veces suele primar en esta relación ambigua.