El hecho de que las escuelas aparezcan a menudo en noticias policiales nos preocupa seriamente a todos los miembros de la comunidad educativa. En efecto, los episodios de violencia en nuestros colegios parecen tener una gran capacidad de atraer la atención pública, causando lo que hoy día se ha dado en denominar una alta «alarma social», por lo que la aparentemente nueva lacra de la violencia escolar se añade a las ya innumerables fuentes de demanda y presión social con que nuestras escuelas y nuestro profesorado deben enfrentarse. El vandalismo y la agresión física son estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso, contra los bienes; en el segundo, contra las personas. A pesar de ser los que más impacto tienen sobre las comunidades escolares y sobre la opinión pública en general, los registros indican que son muy limitados en el total de los casos de conducta antisocial que se registran en los establecimientos escolares. Pero ahí están, para copar la agenda: “abusos deshonestos”, “acusación a docente”, “toma de colegio”, “narcotráfico escolar”, “riñas entre estudiantes”, “agresión de apoderados”.
En el debate acerca de la violencia y el comportamiento antisocial en las escuelas subyacen cuestiones y retos de gran alcance y con profundas implicaciones para nuestra sociedad. Lo que «nos estamos jugando» aquí, es si la escuela puede continuar siendo un instrumento de cohesión social y de integración democrática de los ciudadanos, o de si es un escenario donde se replican a menor escala los conflictos de las familias y de la comunidad, siendo ésta sólo un reflejo de lo que allí ocurre. Creemos que las medidas de atención a la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores, se muestran como prioridades irrenunciables para la educación institucionalizada. Sin embargo, el carácter no estrictamente académico choca, a veces incluso con dureza, con ciertas culturas profesionales y personales de directivos y con la propia practica docente, y aún mucho más, con ciertas posiciones ideológicas en política educativa y curricular; y esto es así sobre todo en el ámbito de la educación media, el nivel del sistema educativo donde siempre se concentran los grandes debates de fondo sobre la educación.
El riesgo de fragmentación social y cultural, y de deterioro de la escuela como espacio público y ciudadano que tales posiciones sin duda implican, hacen aún más urgente la toma de conciencia de los actores educativos acerca del auténtico alcance de la responsabilidad que tenemos sobre este tema, y del esfuerzo por distinguir los deberes permanentes con la formación de nuestros niños y jóvenes, con los afanes por usar las comunidades escolares como instrumentos de promoción de intereses personales, de espacios de competencia de poderes o de escenarios de notoriedad comunicacional. Esto último constituye una abierta manipulación de los estudiantes y de sus familias en su legítima aspiración de dejarles la mejor de las herencias posibles: una buena educación.