La reticencia de la burocracia tradicional a debatir en público, ofrecer razones y rendir cuentas de sus acciones es algo que se puede encontrar tanto en los regímenes autoritarios como en los democráticos, en el nivel local como en el central. El burócrata está tras bambalinas, no bajo los reflectores de la gran escena pública; trabaja con dedicación en sus oficinas, interactúa con el público, pero no es su trabajo dar la cara para justificar por qué tiene sentido y hay que hacer lo que hace, mucho menos de los resultados de sus decisiones. Hablar en público, explicar y convencer son componentes del glamour y la responsabilidad del oficio político, llámese Alcaldes o “autoridades de gobierno” de cualquier nivel. En situaciones límite, el espíritu de cuerpo burocrático puede llegar a volverse defensivo y sumarse al coro de las lamentaciones, afirmando que tanto ellos como los ciudadanos son víctimas de las decisiones equivocadas de “los políticos”, ya que estos no prestaron oídos a su asesoría técnica, relegaron las recomendaciones de su experiencia profesional o prefirieron demagógicamente la popularidad a la eficacia de gobierno.
Para el buen gobierno y administración de la comunidad se requiere no sólo una sólida conciencia jurídica, un conocimiento experto probado, destreza técnica y manejo directivo, sino también, cultivar la costumbre de comunicar al público con evidencias y argumentos convincentes, las razones de por qué una determinada política prefiere ciertos fines, instrumentos y regulaciones, por qué una demanda social específica ha sido incluida o excluida de la agenda de gobierno local o nacional, por qué un programa incorpora ciertos procedimientos y tiempos, por qué una organización pública se comporta de una cierta manera y no de otra con los ciudadanos. No hay nada más contradictorio a la naturaleza de la autoridad pública, la política pública y la burocracia que el secreto, la arbitrariedad injustificable, la oposición a toda forma de rendición de cuentas. En la república, los gobernantes y gobernados tienen que hablar, probar y convencer sobre la validez de sus intereses, asuntos y acciones, sólo de ello nace lo que denominamos el interés público. La democracia produce gobiernos legítimos con el derecho a tomar decisiones vinculatorias para toda la comunidad, pero no produce de suyo gobiernos eficaces, a menos que incorporen personal especializado, conocedores y expertos. Una cosa es elegir gobiernos y programas de acción; otra gobernar y administrar la comuna o el país.
No siempre lo deseable es factible. En este sentido, factibilidad y comunicación política son interdependientes. El análisis predecisional de factibilidad se lleva a cabo tomando en consideración los argumentos y las evidencias que deberán presentarse posdecisionalmente con el propósito de que la política decisiva sea susceptible de consenso o, por lo menos, capaz de disminuir las inconformidades y ataques descalificadores. No basta saber o creer que se tiene la razón, hay que convencer de ello. El éxito del análisis técnico de una política está relacionado con el triunfo de la argumentación política que lo respalda y justifica. La democracia requiere de la burocracia para su eficacia como ésta de aquella para su legitimidad.
Que interesante que en dos lugares de latinoamerica se presenten problemas muy parecidos. Me gustaría conocer mejor su experiencia y compartir la nuestra aquí en Bogotá